Considera que las empresas involucradas en ese proyecto -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa- recurrieron a un supuesto contrato con otra compañía para encubrir sobornos.

En plena campaña electoral, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le pidió a la Justicia que cite a indagatoria al empresario  Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y a otros responsables del consorcio que debía soterrar el ferrocarril Sarmiento por la presunta comisión del delito de evasión agravada por medio de “maniobras defraudatorias” por casi 5 millones de dólares.

La AFIP consideró que existen evidencias suficientes para concluir que las empresas involucradas en ese proyecto -Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa- recurrieron a un supuesto contrato con la firma española Detección de Riesgos Técnicos, Control de Calidad y Supervisión de Obras de Edificación (más conocida por las siglas DSC) para extraer 4,95 millones de dólares de los balances.

Para el fiscal federal Franco Picardi, ese contrato con DSC fue una de las vías que utilizó el consorcio para triangular dinero a través del Principado de Andorra, enviarlo a Uruguay y, desde allí, pagar los sobornos acordados en Argentina.

La AFIP avanzó por la misma senda que el fiscal Picardi, pero sin abordar la hipótesis de los sobornos, lo que excedería sus atribuciones, pero quedó a un paso de plantearlo al exponer que “constituiría una maniobra para derivar fondos con un destino distinto que el de una genuina contratación de mercado”.

El organismo tributario también le informó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que sus técnicos analizaron la documentación, detectaron inconsistencias y faltantes, y concluyeron que el supuesto contrato con DSC es “apócrifo ideológicamente”, por lo que dieron “por acreditadas las maniobras de evasión” en 2011 y 2012.